Por lo cual, qué pasará luego a falta de solicitud de otras pruebas periciales. Pues que le corresponderá al magistrado determinar –una vez practicadas todas las diligencias-, si continúan existiendo indicios suficientes de delito para que el asunto sea dirimido en un juicio o en una vista oral que, con casi toda seguridad, le corresponderá enjuiciar a un Jurado Popular. O, por el contrario, el expediente se acabaría archivando. Pero, en el caso de que no se archive, la Alcaldesa de Alicante, debería considerar sensatamente su dimisión porque está perjudicando gravemente a la ciudad. Como recordarán, esta misma situación se produjo con el ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con el espectáculo de un juicio popular que, además, estuvo acompañado del circo mediático que lo rodeó. Pues esta situación puede ser un bochorno demoledor para la ciudad de Alicante.
Dicen algunos, compañeros, que el juicio popular y paralelo ya se ha celebrado –no seré yo quien presente tales argumentos-, y que muchos la consideran culpable de la imputación. No obstante, yo siempre he pensado, creído y mantenido que: “Nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario” porque vivimos en un Estado de Derecho. Si bien, he de reconocer, que el leer y escuchar determinadas trascripciones telefónicas ponen de manifiesto la moral y ética deontológica de algunos personajes de la vida pública y política de la ciudad. Aunque sobre ética y moral no se puede condenar a nadie. Ese tipo de conductas –apoyarlas o no- corresponden al sentimiento de los ciudadanos que decidirán en las urnas, dentro de cuatro años, a los representantes que deseen para dirigir su ciudad. Pues pueden ser unos, con la que está cayendo, u otros, con la que se avecina. No es así, vecina.
