viernes, diciembre 28
El PSOE critica que no se planifica el tráfico para evitar atascos
El grupo socialista denunció ayer «la falta de previsión en la planificación de medidas que logren mitigar las concentraciones de vehículos en los accesos a los centros y espacios de mayor tránsito comercial como consecuencia de las fiestas navideñas». Para el concejal Jorge Espí, se ha producido una «dejación de funciones» que provocan en Alicante durante unas fechas tan sensibles «atascos interminables, la inexistencia de plazas de aparcamiento, el colapso de los accesos a la ciudad, además de molestias y disgustos a los miles de ciudadanos alicantinos que tan sólo quieren celebrar la Navidad con un poco de tranquilidad».Espí pone como ejemplo el colapso que, apunta, se produjo el día de Navidad entre las siete y las nueve de la noche en los accesos a la Feria de Navidad: «Se formó tal atasco que centenares de vehículos tuvieron que dar la vuelta y marchar a casa ante la triste mirada de niños y niñas alicantinos ajenos a la situación>.
miércoles, diciembre 26
Espí: "Alperi ha dado la espalda a los empleados de la Alcoyana al no solucionar el conflicto"
El grupo municipal socialista de Alicante ha afirmado hoy que el alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, "ha dado la espalda a los trabajadores de La Alcoyana", adjudicataria del servicio interurbano de autobuses de la ciudad, al no solucionar su "conflicto" laboral.
El concejal socialista Jorge Espí ha criticado, en un comunicado, que el consistorio alicantino no haya notificado todavía al Grupo Subús, mercantil a la que pertenece La Alcoyana, el acuerdo que adquirió el pasado viernes el alcalde con el comité de empresa, en el que el consistorio se comprometió a asumir el 70 por ciento de la gestión del transporte. Espí ha explicado que, como consecuencia del desacuerdo, la empresa continúa utilizando a los empleados despedidos "como medida de presión", por lo que critica la "desidia" del alcalde. Además, el edil socialista ha subrayado que Alperi y el concejal de Transportes, Pablo Suárez, "han tratado por todos los medios de eludir su responsabilidad en la huelga de los trabajadores de La Alcoyana", por lo que Alperi, en su opinión, "ha dado la espalda a los trabajadores". En este sentido, ha recordado que en la última Junta de Gobierno local se aprobó la remuneración a las prestaciones complementarias por kilómetro y vehículo al mes, que estable para Masatusa -responsable del servicio urbano- 2,3 euros y para La Alcoyana, 1,7 euros. Espí ha señalado que su partido no entiende por qué todavía no se ha solucionado esta situación, ya que, en su opinión, "podría haber sido resuelto hace una semana".
El concejal socialista Jorge Espí ha criticado, en un comunicado, que el consistorio alicantino no haya notificado todavía al Grupo Subús, mercantil a la que pertenece La Alcoyana, el acuerdo que adquirió el pasado viernes el alcalde con el comité de empresa, en el que el consistorio se comprometió a asumir el 70 por ciento de la gestión del transporte. Espí ha explicado que, como consecuencia del desacuerdo, la empresa continúa utilizando a los empleados despedidos "como medida de presión", por lo que critica la "desidia" del alcalde. Además, el edil socialista ha subrayado que Alperi y el concejal de Transportes, Pablo Suárez, "han tratado por todos los medios de eludir su responsabilidad en la huelga de los trabajadores de La Alcoyana", por lo que Alperi, en su opinión, "ha dado la espalda a los trabajadores". En este sentido, ha recordado que en la última Junta de Gobierno local se aprobó la remuneración a las prestaciones complementarias por kilómetro y vehículo al mes, que estable para Masatusa -responsable del servicio urbano- 2,3 euros y para La Alcoyana, 1,7 euros. Espí ha señalado que su partido no entiende por qué todavía no se ha solucionado esta situación, ya que, en su opinión, "podría haber sido resuelto hace una semana".
martes, diciembre 25
Seguridad
El equipo de Gobierno rechazó ayer la moción presentada por la portavoz del PSOE, Etelvina Andreu, y el edil socialista, Jorge Espí, en la que se pedía que se instara al alcalde a realizar las actuaciones necesarias para que el Ayuntamiento se adhiera al convenio marco de colaboración, cooperación y coordinación entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de seguridad ciudadana y seguridad vial. Convenio que a juicio de Espí, vendrá a mejorar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos Seguridad del Estado y la Policía Local, que tendría funciones de Policía Judicial y mejoraría su eficacia. Sin embargo, la mayoría del PP echó por tierra esta petición, que Andreu planteó la semana pasada tras la reunión de la Junta Local de Seguridad Ciudadana, en la que Alperi reconoció que los delitos habían descendido.Sin embargo, ayer Alperi rechazó la propuesta socialista y aseguró que el Ayuntamiento no había recibido el convenio, si bien afirmó que se estudiaría cuando se reciba puesto que algunos aspectos necesitan de informes jurídicos. El alcalde argumentó que "el Ayuntamiento había creado una policía especial para atender a las víctimas del maltrato de género que ha dado unos resultados muy positivos".
viernes, diciembre 21
Tres mercantiles en el concurso de la Mancomunitat de l´Alacantí
En las Mesas de Contratación formadas por el Presidente, Secretario, Interventor y un técnico de la Mancomunidad de l´Alcantí, celebradas los días 27 y 30 de noviembre pasados, se abrieron los sobres denominados "Documentación" y "Proposición", correspondientes a las plicas presentadas al concurso convocado para adjudicar el contrato del Servicio de Tratamientos Sanitarios Antivectoriales en el territorio de los municipios que integran la Mancomunidad de l'Alacantí y en la celebrada el día 14 de diciembre último se estudió el informe técnico de valoración de las ofertas definitivamente admitidas al mismo.
En el plazo habilitado al efecto, se presentaron cuatro mercantiles una de las cuales fue excluida definitivamente del concurso al no cumplir las condiciones de clasificación exigidas en los pliegos de condiciones reguladores del concurso.
La Mesa de Contratación, en la reunión del 30 de noviembre, adoptó el acuerdo de remitir a los Servicios Técnicos de la Mancomunidad las ofertas definitivamente admitidas al objeto de que fueran informadas por dichos Servicios.
Los criterios de valoración aprobados en Junta Rectora, fijan un 80% de la puntuación a la memoria técnica y un 20% a la oferta económica. A diferencia de los anteriores concursos en éste se incluyó un tema de gran importancia para la Mancomunidad, que es el control y prevención de la legionella en fuentes públicas.
En cumplimiento de lo antedicho, los técnicos de la Mancomunidad, emitieron el preceptivo informe, en el que se propone la adjudicación del contrato a la mercantil "Lokímica" por resultar, a su juicio, la más ventajosa para los intereses de la Mancomunidad. La diferencia de puntuación del adjudicatario con respecto a las otras ofertas fue de 8,32 puntos con la segunda oferta y de 18,71 con la tercera oferta, sobre una puntuación máxima de 100 puntos.
Dicha propuesta la hizo suya, tras su estudio, la Mesa de Contratación en la sesión celebrada el día 14 de diciembre pasado.
Como consecuencia de cuanto precede, la Junta Rectora de la Mancomunidad formada por D. Miguel Valor como Presidente de la Mancomunidad, D. Jorge Espí como Vicepresidente y los alcaldes y concejales de Agost, El Campello, Sant Joan d´Alacant y Sant Vicent del Raspeig, en la reunión celebrada el 18 de diciembre de 2007, adoptó por unanimidad, el acuerdo de adjudicar definitivamente el contrato del Servicio de Tratamientos Sanitarios Antivectoriales en el territorio de la Mancomunidad a la empresa "Lokímica, S.A.", en los términos que figuran en los pliegos de condiciones y en la oferta del adjudicatario, por un precio 1.266.406,20 euros por los dos años de vigencia del contrato, esto es 633.203,10 euros anuales. La duración del contrato será de dos años, contados a partir de la fecha en que se otorgue por la Mancomunidad y el adjudicatario el documento de formalización del contrato. En el expediente administrativo constará la fecha concreta de inicio del mismo.
En el plazo habilitado al efecto, se presentaron cuatro mercantiles una de las cuales fue excluida definitivamente del concurso al no cumplir las condiciones de clasificación exigidas en los pliegos de condiciones reguladores del concurso.
La Mesa de Contratación, en la reunión del 30 de noviembre, adoptó el acuerdo de remitir a los Servicios Técnicos de la Mancomunidad las ofertas definitivamente admitidas al objeto de que fueran informadas por dichos Servicios.
Los criterios de valoración aprobados en Junta Rectora, fijan un 80% de la puntuación a la memoria técnica y un 20% a la oferta económica. A diferencia de los anteriores concursos en éste se incluyó un tema de gran importancia para la Mancomunidad, que es el control y prevención de la legionella en fuentes públicas.
En cumplimiento de lo antedicho, los técnicos de la Mancomunidad, emitieron el preceptivo informe, en el que se propone la adjudicación del contrato a la mercantil "Lokímica" por resultar, a su juicio, la más ventajosa para los intereses de la Mancomunidad. La diferencia de puntuación del adjudicatario con respecto a las otras ofertas fue de 8,32 puntos con la segunda oferta y de 18,71 con la tercera oferta, sobre una puntuación máxima de 100 puntos.
Dicha propuesta la hizo suya, tras su estudio, la Mesa de Contratación en la sesión celebrada el día 14 de diciembre pasado.
Como consecuencia de cuanto precede, la Junta Rectora de la Mancomunidad formada por D. Miguel Valor como Presidente de la Mancomunidad, D. Jorge Espí como Vicepresidente y los alcaldes y concejales de Agost, El Campello, Sant Joan d´Alacant y Sant Vicent del Raspeig, en la reunión celebrada el 18 de diciembre de 2007, adoptó por unanimidad, el acuerdo de adjudicar definitivamente el contrato del Servicio de Tratamientos Sanitarios Antivectoriales en el territorio de la Mancomunidad a la empresa "Lokímica, S.A.", en los términos que figuran en los pliegos de condiciones y en la oferta del adjudicatario, por un precio 1.266.406,20 euros por los dos años de vigencia del contrato, esto es 633.203,10 euros anuales. La duración del contrato será de dos años, contados a partir de la fecha en que se otorgue por la Mancomunidad y el adjudicatario el documento de formalización del contrato. En el expediente administrativo constará la fecha concreta de inicio del mismo.
miércoles, diciembre 19
HUELGA LA ALCOYANA
El concejal socialista Jorge Espí se pregunta “¿cómo es posible que el Alcalde haya tardado tanto tiempo en reunirse con los sindicatos, representantes de los trabajadores de la Alcoyana, cuando le solicitaron ya un encuentro el pasado mes de agosto?“. El concejal socialista recuerda que “el 28 de Agosto los sindicatos pidieron una reunión con los responsables municipales. El 23 de octubre hicieron un nuevo intento que tampoco sirvió de nada y el 20 de noviembre repitieron la petición pero la reunión no se ha convocado hasta el día 21. Además la portavoz socialista Etelvina Andreu sí que se reunió con los trabajadores el pasado 22 de octubre y lo mismo hicieron los alcaldes de Sant Joan, Mutxamel y Sant Vicent que sí que se preocuparon y mantuvieron un encuentro con los trabajadores para escuchar sus reivindicaciones. Desde el grupo municipal socialista entendemos que el Alcalde ha dejado transcurrir un tiempo precioso, de forma que como ya vaticinamos a principios de noviembre, está ocasionando un caos en la ciudad que repercute en los ciudadanos tanto en los que necesitan coger diariamente el autobús como en aquellos que van en sus vehículos y ven como quedan atrapados en los atascos diarios de la ciudad”.
El concejal socialista Jorge Espí ha asegurado que el Alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y el concejal delegado de Transportes Pablo Suárez han tratado por todos los medios de eludir sus responsabilidad en el tema de la huelga de los trabajadores de La Alcoyana. “Cómo pudo decir el Alcalde que no es competente en este tema cuando recibe 1.875.499 euros del Estado cada año en materia de transporte. Además, según sostienen los sindicatos, la Consellería ofrece al Ayuntamiento de Alicante 3 millones de euros al año para gestionar el transporte metropolitano, al no existir una entidad que lo gestione. Por otro lado en la última Junta de Gobierno se aprobó la remuneración de las prestaciones complementarias, es decir lo que el Ayuntamiento aporta por Kilómetro/ vehículo al mes, para Masatusa 2,3 euros y para La alcoyana 1,7 euros. Un síntoma más de que sí que es de su competencia este problema”.
Por otro lado anuncia Espí que “los alcaldes socialistas y el vicepresidente de la mancomunidad están de acuerdo en que se genere un ente metropolitano con carácter comarcal que se haga cargo de la gestión del transporte metropolitano, debido a los daños que está suponiendo para cada uno de los municipios de la comarca de l´Alacantí. Por eso, desde del grupo municipal socialista exigimos al Conselller Mario Flores que agilice los trámites para la creación del mencionado ente y de esta forma aumentar la dotación autonómica que pueda permitir solucionar los problemas laborales de los trabajadores”.
Por último Espí ha señalado que “el grupo municipal socialista ha mostrado una vez más su solidaridad con los trabajadores de La Alcoyana que piden acabar con el agravio comparativo que supone cobrar 3.000 euros menos al año que sus compañeros de Masatusa”.
El concejal socialista Jorge Espí ha asegurado que el Alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y el concejal delegado de Transportes Pablo Suárez han tratado por todos los medios de eludir sus responsabilidad en el tema de la huelga de los trabajadores de La Alcoyana. “Cómo pudo decir el Alcalde que no es competente en este tema cuando recibe 1.875.499 euros del Estado cada año en materia de transporte. Además, según sostienen los sindicatos, la Consellería ofrece al Ayuntamiento de Alicante 3 millones de euros al año para gestionar el transporte metropolitano, al no existir una entidad que lo gestione. Por otro lado en la última Junta de Gobierno se aprobó la remuneración de las prestaciones complementarias, es decir lo que el Ayuntamiento aporta por Kilómetro/ vehículo al mes, para Masatusa 2,3 euros y para La alcoyana 1,7 euros. Un síntoma más de que sí que es de su competencia este problema”.
Por otro lado anuncia Espí que “los alcaldes socialistas y el vicepresidente de la mancomunidad están de acuerdo en que se genere un ente metropolitano con carácter comarcal que se haga cargo de la gestión del transporte metropolitano, debido a los daños que está suponiendo para cada uno de los municipios de la comarca de l´Alacantí. Por eso, desde del grupo municipal socialista exigimos al Conselller Mario Flores que agilice los trámites para la creación del mencionado ente y de esta forma aumentar la dotación autonómica que pueda permitir solucionar los problemas laborales de los trabajadores”.
Por último Espí ha señalado que “el grupo municipal socialista ha mostrado una vez más su solidaridad con los trabajadores de La Alcoyana que piden acabar con el agravio comparativo que supone cobrar 3.000 euros menos al año que sus compañeros de Masatusa”.
lunes, diciembre 3
La segunda desalinizadora de Aguamarga empezará a producir los primeros caudales dentro de 2 meses
Baltanás anuncia que en febrero comenzarán las obras de la nueva planta de Mutxamel
La segunda desalinizadora de Alicante estará en condiciones de empezar a producir agua a principios del próximo año. La planta, una instalación gemela de la que ya está en funcionamiento en Aguamarga con capacidad para generar 24 hectómetros cúbicos anuales, están finalizadas a falta de algunos remates y su inauguración no se demorará más allá de febrero. Es decir, al calor de la campaña electoral. El director general de la sociedad estatal Acuamed, Adrián Baltanás, confirmó ayer tras la presentación de la campaña 'El mar, fuente inagotable de vida', que la nueva desalinizadora Alicante II, en la que se han invertido 81 millones de euros, "entrará en servicio dentro de dos meses y aportará otros 24 hectómetros cúbicos de agua anuales a la Mancomunidad de Canales del Taibilla", entidad que se encarga del suministro de agua potable a 76 municipios de la mitad sur de la provincia de Alicante, Murcia y Almería.La inauguración de esta planta tiene bastantes posibilidades de coincidir con el inicio de las obras de otra nueva desalinizadora, la de Mutxamel/El Campello, pues según recordó Baltanás, "ya está licitada y es muy probable que empiece a construirse en febrero o marzo". Esta planta aportará inicialmente 18 hectómetros cúbicos anuales, ampliables a 28. La inversión prevista asciende a 55 millones de euros.Un 40% de la población alicantina ya se abastece con agua desalada, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, pero ese porcentaje se va a incrementar con creces en los próximos dos años, ya que en 2009 está prevista la entrada en servicio de tres nuevas plantas que suministrarán caudales para consumo humano y también para regadíos.Además de la nueva desalinizadora Alicante II y la de Mutxamel/El Campello, el principal proyecto es el de Torrevieja, que con una capacidad para producir 80 hectómetros cúbicos anuales (ampliables a 120) será la más grande de Europa. La mitad de los caudales que genere esta desalinizadora serán para el suministro urbano de los municipios a los que abastece la Mancomunidad de Canales del Taibilla y la otra mitad está previsto destinarla al regadío, aunque todavía está por ver si el precio que se fija lo pueden asumir los agricultores. Si al final descartaran convertirse en usuarios, se destinarían todos los caudales a consumo humano.El Consell intentó, sin éxito, paralizar el proyecto en los tribunales, que desestimaron su petición. Pese a que los trabajos siguen su curso, la Generalitat se niega a dar la autorización para que la planta pueda verter la salmuera (el agua de rechazo) al mar, por lo que la resolución del conflicto queda aplazada hasta el final de la obra.Otro de los proyectos pendientes es la desalinizadora de la Vega Baja, la primera en España que abastecerá exclusivamente a regadíos, en este caso a la Comunidad de Regadíos de Levante. Aunque los estudios previos de esta planta aún no han finalizado, Baltanás dio ayer por seguro que la ubicación definitiva será en Guardamar del Segura. "Lo único que falta por concretar es el lugar exacto, pero las alternativas son mínimas y están muy próximas unas de otras, todas en este municipio". La planta producirá un caudal de 30 hectómetros cúbicos al año.Algo más adelantados van los trámites de la desalinizadora de Dénia, donde parece que las polémicas surgidas por las diferentes ubicaciones elegidas para las instalaciones están dando sus últimos coletazos. El director general de Acuamed apuesta como ubicación definitiva por la zona de Racons, ya que "su impacto es menor porque las conducciones aprovechan el paso que se va a abrir con el gasoducto y además tanto la toma de agua como la del vertido se harán directamente en el mar".Junto a las instalaciones de nueva construcción también se contempla la posibilidad de ampliar la de Xàbia, que es de propiedad municipal.Un nutrido grupo de concejales socialistas encabezado por su portavoz, Etelvina Andreu, así como la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares, acompañaron a Baltanás durante un acto en el que tampoco faltaron las valoraciones políticas.Tanto Llinares como Baltanás coincidieron en señalar la importancia realizar "campañas informativas rigurosas sobre un recurso que garantiza agua llueva o no llueva", en contraposición a las que realiza el PP. "Los voceros de Rajoy crean una alarma injustificada contra unas desalinizadoras que no contaminan, como lo demuestra que las impulsa un Ministerio cuya razón de ser es la protección del medio ambiente y además tienen financiación europea, que antes de aportar fondos a cualquier proyecto exige por encima de todo que sea respetuoso con el entorno", recalcó Llinares.
La segunda desalinizadora de Alicante estará en condiciones de empezar a producir agua a principios del próximo año. La planta, una instalación gemela de la que ya está en funcionamiento en Aguamarga con capacidad para generar 24 hectómetros cúbicos anuales, están finalizadas a falta de algunos remates y su inauguración no se demorará más allá de febrero. Es decir, al calor de la campaña electoral. El director general de la sociedad estatal Acuamed, Adrián Baltanás, confirmó ayer tras la presentación de la campaña 'El mar, fuente inagotable de vida', que la nueva desalinizadora Alicante II, en la que se han invertido 81 millones de euros, "entrará en servicio dentro de dos meses y aportará otros 24 hectómetros cúbicos de agua anuales a la Mancomunidad de Canales del Taibilla", entidad que se encarga del suministro de agua potable a 76 municipios de la mitad sur de la provincia de Alicante, Murcia y Almería.La inauguración de esta planta tiene bastantes posibilidades de coincidir con el inicio de las obras de otra nueva desalinizadora, la de Mutxamel/El Campello, pues según recordó Baltanás, "ya está licitada y es muy probable que empiece a construirse en febrero o marzo". Esta planta aportará inicialmente 18 hectómetros cúbicos anuales, ampliables a 28. La inversión prevista asciende a 55 millones de euros.Un 40% de la población alicantina ya se abastece con agua desalada, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, pero ese porcentaje se va a incrementar con creces en los próximos dos años, ya que en 2009 está prevista la entrada en servicio de tres nuevas plantas que suministrarán caudales para consumo humano y también para regadíos.Además de la nueva desalinizadora Alicante II y la de Mutxamel/El Campello, el principal proyecto es el de Torrevieja, que con una capacidad para producir 80 hectómetros cúbicos anuales (ampliables a 120) será la más grande de Europa. La mitad de los caudales que genere esta desalinizadora serán para el suministro urbano de los municipios a los que abastece la Mancomunidad de Canales del Taibilla y la otra mitad está previsto destinarla al regadío, aunque todavía está por ver si el precio que se fija lo pueden asumir los agricultores. Si al final descartaran convertirse en usuarios, se destinarían todos los caudales a consumo humano.El Consell intentó, sin éxito, paralizar el proyecto en los tribunales, que desestimaron su petición. Pese a que los trabajos siguen su curso, la Generalitat se niega a dar la autorización para que la planta pueda verter la salmuera (el agua de rechazo) al mar, por lo que la resolución del conflicto queda aplazada hasta el final de la obra.Otro de los proyectos pendientes es la desalinizadora de la Vega Baja, la primera en España que abastecerá exclusivamente a regadíos, en este caso a la Comunidad de Regadíos de Levante. Aunque los estudios previos de esta planta aún no han finalizado, Baltanás dio ayer por seguro que la ubicación definitiva será en Guardamar del Segura. "Lo único que falta por concretar es el lugar exacto, pero las alternativas son mínimas y están muy próximas unas de otras, todas en este municipio". La planta producirá un caudal de 30 hectómetros cúbicos al año.Algo más adelantados van los trámites de la desalinizadora de Dénia, donde parece que las polémicas surgidas por las diferentes ubicaciones elegidas para las instalaciones están dando sus últimos coletazos. El director general de Acuamed apuesta como ubicación definitiva por la zona de Racons, ya que "su impacto es menor porque las conducciones aprovechan el paso que se va a abrir con el gasoducto y además tanto la toma de agua como la del vertido se harán directamente en el mar".Junto a las instalaciones de nueva construcción también se contempla la posibilidad de ampliar la de Xàbia, que es de propiedad municipal.Un nutrido grupo de concejales socialistas encabezado por su portavoz, Etelvina Andreu, así como la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares, acompañaron a Baltanás durante un acto en el que tampoco faltaron las valoraciones políticas.Tanto Llinares como Baltanás coincidieron en señalar la importancia realizar "campañas informativas rigurosas sobre un recurso que garantiza agua llueva o no llueva", en contraposición a las que realiza el PP. "Los voceros de Rajoy crean una alarma injustificada contra unas desalinizadoras que no contaminan, como lo demuestra que las impulsa un Ministerio cuya razón de ser es la protección del medio ambiente y además tienen financiación europea, que antes de aportar fondos a cualquier proyecto exige por encima de todo que sea respetuoso con el entorno", recalcó Llinares.
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