Los colectivos contrarios a los silos presentan el primer contencioso

La Plataforma en Defensa del Puerto ha iniciado una colecta entre sus vecinos y las comunidades de propietarios para afrontar el pago de los recursos judiciales que pretenden presentar contra las instalaciones industriales en la zona de ampliación del Puerto. El portavoz de la entidad, Eliseo Martínez, explicó ayer que son cinco los recursos contencioso administrativo planteados contra la ubicación de silos de cemento frente al barrio de San Gabriel. Uno de ellos ya lo ha interpuesto Esquerra Unida (EU) y el próximo anuncian que lo hará el grupo municipal socialista. El dinero para costearlos «saldrán de los bolsillos de los vecinos; igual que hicimos con Biodiésel», expone Martínez. El abogado que los presentará será el ex concejal de EU, José Luis Romero, que, según explica el portavoz de la Plataforma, está «sensibilizado» con esta causa «y nos hará un precio especial», señala. Presentar un recurso supone, según apunta el portavoz de la Plataforma, unos 5.000 euros y confía que les resulte más económico con el apoyo de Romero. Los interpondrán a medida que las empresas cuenten con la licencia de obra, cosa que por el momento ha obtenido una (Cimsa), aunque el concejal responsable de licencias, Andrés Llorens, firmaba hace dos semanas otras tres a las que les faltaba entonces para ser efectivas la firma del secretario municipal. Ayer la Plataforma anunció las acciones legales acompañada por representantes de las asociaciones de vecinos de San Gabriel, de Gran Vía Sur Puerto, así como del grupo municipal socialista y de la formación local de EU.La edil socialista Aurora Gómez alertó de que alguna empresa no ha reducido la altura de sus silos, a pesar de que el anterior alcalde «se comprometió a reducirla». Y todos los grupos coincidían en solicitar que la industria portuaria prevista se desvíe a la Plataforma Logística que no afectaría a los vecinos ni sería una barrera visual. «Los 18 megasilos hipotecan la costa y el litoral, la identidad como zona turística y no sabemos los efectos que tiene en la salud. Por eso solicitamos un estudio de impacto integral», advertía la concejal.El portavoz de la formación local de EU, Miguel Ángel Pavón, explicó que el recurso presentado contra la licencia concedida a Cimsa se sustenta en que el edicto de información pública «no se publicó en ningún boletín oficial, sólo estuvo en un tablón y la ausencia de una evaluación de impacto ambiental». La Plataforma teme que de ejecutarse a su vez la ampliación del Puerto prevista, 1.600 metros entre el Barranco de las Ovejas y Agua Amarga, «destrozará el litoral sur, hará desaparecer la playa de San Gabriel y el paseo marítimo que tiene previsto el nuevo Plan General», expone Martínez. Y Pavón añadía que corren peligro los fondos marinos protegidos ya que la zona es, además, de especial protección ya que se encuentra el Lugar de Interés Comunitario (LIC) de Tabarca. Los vecinos piden acciones para poner freno a lo que creen será «una muralla de cemento que separará el mar de los barrios del sur de Alicante». Y hacen responsable al presidente de la Autoridad Portuaria, Sergio Campos, «del deterioro de la calidad de vida de los vecinos».