El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante defiende la videovigilancia como instrumento para combatir la seguridad ciudadana, «pero siempre bajo supervisión policial», como marca la ley. El concejal Jorge Espí rechaza la cesión de un sistema que ha demostrado su eficacia a empresas privadas. Las cámaras siempre deben estar en actividad y evitando los tiempos muertos, resalta Espí.
El edil alicantino pone el ejemplo del Parque Lo Morant, donde en las últimas semanas se ha producido varios actos vandálicos sobre el arbolado, el mobiliario y la caseta de la Policía Local. «La vigilancia que hay es escasa y un control monitorizado evitaría muchos problemas en una zona perfecta para el ocio y el disfrute de la naturaleza como es el Parque de Lo Morant.
En opinión de Jorge Espí, la videovigilancia, tal como marca la ley, con respeto a la intimidad y cumpliendo todos los requisitos legales, puede constituir un instrumento muy eficaz para el control de la seguridad y la prevención de eventuales actos delictivos, además de permitir un ahorro de las plantillas policiales.
El concejal alicantino recuerda que las instalaciones de este tipo de aparatos necesitan un dictamen previo por parte de una comisión formada por representantes de las distintas administraciones públicas dirigido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat. Este organismo eleva un informe que debe ser aprobado por la Delegación del Gobierno.
En estos casos, las subdelegaciones hacen simplemente el papel de intermediarios. La Concejalía de Atención Urbana envió en su día a la Subdelegación las peticiones para la instalación de cámaras en tres parques públicos, los mismos que ahora analiza esta comisión.
La Subdelegación envió la documentación a la Delegación del Gobierno, organismo que ahora estudia los expedientes remitidos por el Ayuntamiento de Alicante. La cuestión es que se instalaron en su día sin la correspondiente autorización y ahora los aparatos constituyen tan sólo un adorno de los parques, sin utilidad alguna.
El edil alicantino pone el ejemplo del Parque Lo Morant, donde en las últimas semanas se ha producido varios actos vandálicos sobre el arbolado, el mobiliario y la caseta de la Policía Local. «La vigilancia que hay es escasa y un control monitorizado evitaría muchos problemas en una zona perfecta para el ocio y el disfrute de la naturaleza como es el Parque de Lo Morant.
En opinión de Jorge Espí, la videovigilancia, tal como marca la ley, con respeto a la intimidad y cumpliendo todos los requisitos legales, puede constituir un instrumento muy eficaz para el control de la seguridad y la prevención de eventuales actos delictivos, además de permitir un ahorro de las plantillas policiales.
El concejal alicantino recuerda que las instalaciones de este tipo de aparatos necesitan un dictamen previo por parte de una comisión formada por representantes de las distintas administraciones públicas dirigido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat. Este organismo eleva un informe que debe ser aprobado por la Delegación del Gobierno.
En estos casos, las subdelegaciones hacen simplemente el papel de intermediarios. La Concejalía de Atención Urbana envió en su día a la Subdelegación las peticiones para la instalación de cámaras en tres parques públicos, los mismos que ahora analiza esta comisión.
La Subdelegación envió la documentación a la Delegación del Gobierno, organismo que ahora estudia los expedientes remitidos por el Ayuntamiento de Alicante. La cuestión es que se instalaron en su día sin la correspondiente autorización y ahora los aparatos constituyen tan sólo un adorno de los parques, sin utilidad alguna.
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