Varios concejales del grupo socialista de Alicante y los diputados del mismo partido Juana Serna y Guillermo Bernabeu se reunieron ayer con los representantes de los afectados por el deslinde propuesto por Costas en la zona de la Albufereta. Alrededor de 4.000 propietarios están perjudicados por la delimitación aprobada en el 2005, que aún no ha entrado en vigor porque hubo un error en la notificación del deslinde y porque, sobre todo, la decisión de la Dirección Provincial de Costas provocó una airada protesta de vecinos y hasta de los grupos políticos en el Ayuntamiento.
Durante la reunión celebrada en los despachos del PSOE en el Consistorio, los vecinos conocieron, de nuevo, la voluntad de los socialistas de impedir que el deslinde propuesto por Costas salga adelante. La Verdad desveló el pasado 7 de noviembre que el director provincial de Costas, Vicente Martínez, había advertido a los dirigentes vecinales de que a partir del 10 de diciembre comenzarían a llegarles las cartas con el apertura del proceso de deslinde.
La sorpresa fue mayúscula, sobre todo porque durante los últimos años se ha venido trabajando con el gobierno local, la oposición y la propia dirección de Costas en Madrid para impedir este procedimiento. Incluso, se suponía que el mencionado Vicente Martínez había enviado al ministerio un informe en contra del trazado del deslinde.
Sin embargo, los vecinos se reunieron hace unos días con dos altos cargos ministeriales que, según informó este diario, aseguraron desconocer el citado informe. La concejal socialista María José Adsuar desveló ayer que un día después de aquella reunión se puso en contacto con el director provincial, quien le aseguró que el documento había sido enviado a Madrid.
En cualquier caso, voluntades aparte, la incertidumbre todavía persiste entre los afectados, según reconoció Teresa Alonso, presidenta de la Asociación Sol Naciente, fundada el pasado mes de mayo para la defensa de los intereses de los afectados. Según sus datos, de aplicarse el deslinde, un millar de vecinos, pertenecientes a seis edificios (los tres bloques de Rocafel, Helios, Torre Alacant y Alacant 2) perderían la propiedad de sus casas. Podrían seguir viviendo en ellas si Costas les autoriza una concesión de 30 años, con una posible prórroga de otros 30. Son los propietarios cuyas viviendas ocupan zona de dominio público marítimo terrestre.
Por otro lado, otros tres mil afectados no perderían la titularidad de sus casas, pero la legislación actual les aplicaría una serie de limitaciones al encontrarse en una zona de servidumbre, menos restringida que la del dominio.
La entidad vecinal, que ayer por la tarde celebraba una reunión para la renovación de cargos directivos, propone que todas las administraciones implicadas, en especial los diferentes estamentos que dependen del Gobierno Central, celebren una reunión para elaborar un protocolo de actuación tendente a desafectar todas las viviendas. De momento, la próxima cita será el 26 de enero en Madrid. Para entonces, sólo les queda confiar en que los altos cargos ministeriales hayan encontrado por fin el informe técnico en contra del controvertido deslinde.
Durante la reunión celebrada en los despachos del PSOE en el Consistorio, los vecinos conocieron, de nuevo, la voluntad de los socialistas de impedir que el deslinde propuesto por Costas salga adelante. La Verdad desveló el pasado 7 de noviembre que el director provincial de Costas, Vicente Martínez, había advertido a los dirigentes vecinales de que a partir del 10 de diciembre comenzarían a llegarles las cartas con el apertura del proceso de deslinde.
La sorpresa fue mayúscula, sobre todo porque durante los últimos años se ha venido trabajando con el gobierno local, la oposición y la propia dirección de Costas en Madrid para impedir este procedimiento. Incluso, se suponía que el mencionado Vicente Martínez había enviado al ministerio un informe en contra del trazado del deslinde.
Sin embargo, los vecinos se reunieron hace unos días con dos altos cargos ministeriales que, según informó este diario, aseguraron desconocer el citado informe. La concejal socialista María José Adsuar desveló ayer que un día después de aquella reunión se puso en contacto con el director provincial, quien le aseguró que el documento había sido enviado a Madrid.
En cualquier caso, voluntades aparte, la incertidumbre todavía persiste entre los afectados, según reconoció Teresa Alonso, presidenta de la Asociación Sol Naciente, fundada el pasado mes de mayo para la defensa de los intereses de los afectados. Según sus datos, de aplicarse el deslinde, un millar de vecinos, pertenecientes a seis edificios (los tres bloques de Rocafel, Helios, Torre Alacant y Alacant 2) perderían la propiedad de sus casas. Podrían seguir viviendo en ellas si Costas les autoriza una concesión de 30 años, con una posible prórroga de otros 30. Son los propietarios cuyas viviendas ocupan zona de dominio público marítimo terrestre.
Por otro lado, otros tres mil afectados no perderían la titularidad de sus casas, pero la legislación actual les aplicaría una serie de limitaciones al encontrarse en una zona de servidumbre, menos restringida que la del dominio.
La entidad vecinal, que ayer por la tarde celebraba una reunión para la renovación de cargos directivos, propone que todas las administraciones implicadas, en especial los diferentes estamentos que dependen del Gobierno Central, celebren una reunión para elaborar un protocolo de actuación tendente a desafectar todas las viviendas. De momento, la próxima cita será el 26 de enero en Madrid. Para entonces, sólo les queda confiar en que los altos cargos ministeriales hayan encontrado por fin el informe técnico en contra del controvertido deslinde.
No hay comentarios:
Publicar un comentario