viernes, diciembre 14

El primer juez que ha desafiado la Ley de Tasas Judiciales.

He de decir que no conozco a este juez pero me ha gustado su valentía y sobretodo su visión de defensa de los más desfavorecidos. Por ello reproduzco aquí la entrevista que le ha realizado el diario información.

Afirma que en su juzgado no exigirá el pago de las mismas y lo hace convencido de que esta normativa vulnera el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva.

 Tras 17 años ejerciendo la abogacía privada y la docencia en Barcelona, hace un año decidió acceder a la judicatura. "Quería tener una nueva visión de la Justicia desde otra perspectiva y pensé que había llegado el momento". Ahora, una "resolución" dictada como magistrado del Juzgado de lo Social número 1 de Benidorm ha convertido a Carlos Vegas en foco de la noticia. Es el primer juez que ha hecho pública su decisión de no aplicar la nueva Ley de Tasas Judiciales impulsada por el ministro Ruiz Gallardón, que considera "desproporcionadas y abusivas".
Por su decisión de no exigir el pago de las tasas judiciales en su juzgado, ¿podría considerársele un juez insumiso?
No. La decisión de no cobrar las tasas no es por un tema de insumisión, ni es por ser contrario a ellas por definición, sino porque creo que es lo correcto. Entiendo que el diseño, tal y como se ha hecho, es contrario al Derecho de la Unión Europea. Si el Tribunal Supremo dice otra cosa, lo respetaré, pero yo estoy convencido de lo que he hecho.
¿Cuál es su postura respecto a este tema?
Mi postura es que si algo tiene que llegar a mi, yo no voy a cobrar estas tasas. Respeto totalmente lo que haga el secretario judicial, pero si tengo que resolver porque hay un recurso de un ciudadano y la decisión llega a mí, mi criterio es éste.
¿Cuál es la razón que le ha llevado a tomar esta decisión?
Paradójicamente yo no soy contrario al establecimiento de una tasa, pero sí al modelo que se ha elegido. Cuando un servicio público está colapsado, un político puede elegir incidir sobre la oferta o sobre la demanda. Sobre la oferta, poniendo más profesionales, abriendo nuevos juzgados...; sobre la demanda, pues por ejemplo como se ha hecho en Sanidad con el euro por receta, el copago en medicinas... En la Justicia se ha querido imitar ese modelo, han pensado "vamos a incidir sobre la demanda y así bajará la petición de servicios". Aquí el problema es que lo han hecho en plan salvaje, es decir, que entrar en la Justicia sea caro. Para mi es un error.
¿Por qué?
Primero, porque creo que hay muchas otras fórmulas, como la mediación, que en este tema la han pasado completamente por alto y no se ha abordado de manera seria, o dar la potestad a un juez en un momento dado para valorar si un pleito está presentado con ánimo de colapsar la justicia o realmente está justificado. Pero, además, se debería haber quitado a muchos colectivos. Para las personas físicas, lo de las tasas es un problema. Las empresas, si les cobras una tasa, pueden descontárselo de sus impuestos o poner como un gasto de actividad; en personas físicas, la tasa va sobre su patrimonio puro y duro, directamente a quitarle renta. Con lo cual, se les ha hecho un mal favor.
Usted se ampara en que esta ley es contraria al Derecho europeo.
Así es. En el Tratado de la Unión hay una Carta de Derechos Humanos que establece un derecho de acceso a la tutela judicial en términos mucho más amplios que el Tribunal Constitucional español. A partir de aquí, sobre todo en el tema Social, trabajamos con la normativa de la UE constantemente -expedientes de regulación de empleo, Fogasa, Seguridad Social, temas de igualdad o no discriminación,...- por lo que si entendemos que nuestra normativa interna está impidiendo ese acceso a la Justicia, podemos inaplicarla, porque prevalece el Derecho de la Unión Europea.
Usted dice que no es contrario a la aplicación de tasas, pero sí a este modelo. Explíqueme eso.
En lo que afecta al derecho Social, si no hubieran introducido una enmienda para bonificar con un 60% a los trabajadores, a ellos no se les aplicaría la norma por la Ley de Justicia Gratuita. Pero es que además se han olvidado de los beneficiarios de Seguridad Social. A mi no me vienen sólo trabajadores. Aquí llegan viudas, huérfanos, parados, funcionarios, jubilados... de todos estos colectivos no han dicho nada, aunque yo entiendo que están exentos del pago. Creo que se debería haber dado otra vuelta más y, sobre todo, hablar con los operadores jurídicos, preguntarnos, porque al final somos los que vemos a los ciudadanos cara a cara y conocemos mejor que nadie los entresijos de la Justicia.
¿De qué cantidades hablamos?
Depende del caso. Por ejemplo, si yo declaro un despido procedente, este trabajador para recurrir debería pagar unos 200 euros más una variable de un 0,5% en función de la cantidad que se establezca de indemnización. Puede haber indemnizaciones altas y, si hablamos de accidentes de trabajo, muy altas, con lo que la tasa podrían llegar incluso al tope de 18.000 euros.
¿En qué casos cree que sí debería aplicarse una tasa?
Yo tengo demandas que son antieconómicas desde el punto de vista del Estado. Por ejemplo, tengo demandas que no son de trabajadores y que están pidiendo 12 euros. Y tienen derecho a pedirlo legalmente, pero es antieconómico. Tramitar un asunto Social le cuesta mil euros al Estado y tramitar la ejecución, casi otros mil más. En esos caso, una tasa pedagógica tiene una razón de ser. Pero un trabajador que es despedido sin culpa, ha que tener derecho a un recurso sin ningún tipo de carga.
¿Qué le han dicho sus compañeros jueces sobre su postura respecto a no cobrar estas tasas?
Mis compañeros me envían muchos apoyos, pero todavía ninguno se ha adherido a mí. Dicen que están debatiendo si lo que yo he hecho se debería haber planteado con una cuestión prejudicial... Me siento un poco como la aldea de los galos, al final el Social de Benidorm va a ser un poco como la aldea de Astérix, pero creo que he hecho lo correcto.
Dirige uno de los juzgados con mayor colapso de Benidorm y ha criticado la falta de apoyo de la Generalitat para agilizar las causas.
Más que colapso, yo diría que hay mucha lista de espera. Colapso da sensación de caos y aquí no hay caos, pero sí mucha demora. En Social hay casos urgentes que se demoran en el tiempo por falta de medios y eso no es justo para el ciudadano. En Justicia no puede haber listas de espera.
Póngame un ejemplo.
Pues ahora acabo de dictar una sentencia en la que doy una prestación y el señor lleva esperando desde el año 2009. Tres años. Cuando hay mucha gente que depende de ese dinero para vivir.
Llegó a este juzgado hace un año. ¿Qué panorama se encontró?
Encontré a un personal muy motivado y una preocupación lógica del Consejo General y del Ministerio de Justicia, que habían aprobado la creación del segundo juzgado y enviaron un juez de apoyo porque la Generalitat no lo ponía en marcha. Hemos adelantado el trabajo un año, pero aún así hay demora. Las sentencias se retrasan casi dos años porque nos entran unos 1.900 asuntos al año.
¿Y qué dice la Generalitat sobre el segundo juzgado?
Ese juzgado dormirá el sueño de los justos. El Consell lo que hace es esconderse y sólo dice "no, no y no". Yo creo que es una cuestión de prioridades. Abrir un juzgado tiene un coste en personal de unos 180.000 euros al año. La Justicia no es su prioridad, porque gastan más en otras cosas.

Fuente diario información.

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