La Plataforma del Puerto pide el apoyo del PSOE en defensa de la fachada litoral

Representantes de las asociaciones de vecinos de los barrios colindantes con el puerto y la Plataforma en Defensa del Puerto reclamaron ayer a los diputados socialista Juana Serna y Guillermo Bernabeu, y los ediles del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante su colaboración y apoyo para trabajar en defensa de la fachada litoral de la ciudad.En este encuentro se analizaron los problemas y el conflicto creado entre el puerto y la ciudad y las propuestas para mejorar esta relación Todos ellos estuvieron de acuerdo en la necesidad de mantener una interlocución fluida encaminada a buscar el acercamiento y el consenso, conjugándolo con el desarrollo económico del Puerto.

Mientras tomaba posesión el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, el grupo municipal socialista se reunía con la Plataforma en Defensa del Puerto para consensuar las alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en relación al «conflicto» Puerto-ciudad.
En esta reunión, a la que asistieron la Asociación San Gabriel, Asociación Benalúa, Asociación Gran Vía Sur-Puerto, EU y Esquerra Republicana, se acordó «por unanimidad» defender nueve puntos para incluirlos en el documento de ordenación urbana.
Entre estos puntos, se pide crear una comisión Puerto-Ayuntamiento que «permitirá reducir las tensiones actuales entre puerto-ciudad y planificar sin sobresaltos y de manera ordenada el desarrollo de ambas instituciones».
Para el futuro desarrollo del litoral sur de la ciudad, proponen soterrar el tren por San Gabriel y crear más accesos a la playa desde los barrios. Como elementos de barrera, vecinos y PSOE citan la N-332, que piden que se elimine. A su vez, que se conecten estos barrios con Tranvía.

Diputados y concejales del PSOE reiteran ante los vecinos de la Albufereta su voluntad de defender la desafectación de las viviendas que corren peligr

Varios concejales del grupo socialista de Alicante y los diputados del mismo partido Juana Serna y Guillermo Bernabeu se reunieron ayer con los representantes de los afectados por el deslinde propuesto por Costas en la zona de la Albufereta. Alrededor de 4.000 propietarios están perjudicados por la delimitación aprobada en el 2005, que aún no ha entrado en vigor porque hubo un error en la notificación del deslinde y porque, sobre todo, la decisión de la Dirección Provincial de Costas provocó una airada protesta de vecinos y hasta de los grupos políticos en el Ayuntamiento.
Durante la reunión celebrada en los despachos del PSOE en el Consistorio, los vecinos conocieron, de nuevo, la voluntad de los socialistas de impedir que el deslinde propuesto por Costas salga adelante. La Verdad desveló el pasado 7 de noviembre que el director provincial de Costas, Vicente Martínez, había advertido a los dirigentes vecinales de que a partir del 10 de diciembre comenzarían a llegarles las cartas con el apertura del proceso de deslinde.
La sorpresa fue mayúscula, sobre todo porque durante los últimos años se ha venido trabajando con el gobierno local, la oposición y la propia dirección de Costas en Madrid para impedir este procedimiento. Incluso, se suponía que el mencionado Vicente Martínez había enviado al ministerio un informe en contra del trazado del deslinde.
Sin embargo, los vecinos se reunieron hace unos días con dos altos cargos ministeriales que, según informó este diario, aseguraron desconocer el citado informe. La concejal socialista María José Adsuar desveló ayer que un día después de aquella reunión se puso en contacto con el director provincial, quien le aseguró que el documento había sido enviado a Madrid.
En cualquier caso, voluntades aparte, la incertidumbre todavía persiste entre los afectados, según reconoció Teresa Alonso, presidenta de la Asociación Sol Naciente, fundada el pasado mes de mayo para la defensa de los intereses de los afectados. Según sus datos, de aplicarse el deslinde, un millar de vecinos, pertenecientes a seis edificios (los tres bloques de Rocafel, Helios, Torre Alacant y Alacant 2) perderían la propiedad de sus casas. Podrían seguir viviendo en ellas si Costas les autoriza una concesión de 30 años, con una posible prórroga de otros 30. Son los propietarios cuyas viviendas ocupan zona de dominio público marítimo terrestre.
Por otro lado, otros tres mil afectados no perderían la titularidad de sus casas, pero la legislación actual les aplicaría una serie de limitaciones al encontrarse en una zona de servidumbre, menos restringida que la del dominio.
La entidad vecinal, que ayer por la tarde celebraba una reunión para la renovación de cargos directivos, propone que todas las administraciones implicadas, en especial los diferentes estamentos que dependen del Gobierno Central, celebren una reunión para elaborar un protocolo de actuación tendente a desafectar todas las viviendas. De momento, la próxima cita será el 26 de enero en Madrid. Para entonces, sólo les queda confiar en que los altos cargos ministeriales hayan encontrado por fin el informe técnico en contra del controvertido deslinde.

La avenida Interminable

Las obras en el tramo de la avenida de Dénia situado entre el colegio de los Jesuitas y el Bulevar del Pla se han parado en seco sin haber ejecutado ni un remate. La regata Volvo pasó y, con ella, se interrumpieron las obras dejando la mediana sin acabar y con un enorme socavón, las aceras sin terminar y el asfalto irregular. Los vecinos más inmediatos, los comerciantes y los alumnos del colegio Calasancio sufren las consecuencias.

La consecuencia de esa falta de previsión la pagan ahora los comerciantes, vecinos y otras personas que tienen su lugar de trabajo junto a la avenida, así como la comunidad escolar del colegio Calasancio, que sufren de distinta forma el hecho de tener una obra parada a medias.
Las obras se han paralizado sin ejecutar algunos remates que parecen elementales. Por ejemplo, en la mediana de la avenida se ha dejado un enorme socavón sin tapar frente al centro médico Medimar, lo que podría causar un accidente a algún peatón que se atreva cruzar la calzada algo, por cierto, nada recomendable.
Además, las labores de jardinería no se han acabado, las aceras están a medio construir, una farola se apoya en una pieza de hormigón de un metro de altura en vez de tener su base sobre la acera. También encontramos pivotes y piezas de plástico modelo "new jersey" por todos lados, vallas o señales de obras tiradas en el suelo. Y, una de las cuestiones que más preocupan a los conductores, el acceso hacia el centro para los vehículos procedentes de la Gran Vía continúa cerrado, lo que obliga a desviarse por la calle de León de Nicaragua.
Con todos estos impedimentos, apenas hay peatones que caminen junto a la avenida y, por tanto, el restaurante Dénia 84 estaba ayer vacío. Su responsable, Eva María Venteo, explica que desde el inicio de las obras "estamos siempre así. Antes había aparcamiento y ahora no pueden pasar ni los peatones".
Sagrario López, directora del colegio Calasancio, indica que el parón de las obras les está causando problemas, agravados al coincidir con el proyecto del TRAM que se ejecuta en la prolongación del Bulevar del Pla. "Las líneas de autobús no están normalizadas desde que empezaron y ahora sólo nos queda la línea 23. De modo que los alumnos que cogían el 9 se tienen que ir hasta la calle de León de Nicaragua", lamenta.
El otro problema es que la obra del tranvía ha cerrado temporalmente el acceso a los autobuses escolares, de modo que ahora los alumnos acceden a los vehículos en unos terrenos situados detrás del colegio. "Aunque es cierto que viene la Policía, ahora hay que ir con mucho cuidado", señala la profesora, quien apunta que los responsables de la obra le habían asegurado que la actuación "se acabaría para la Volvo, pero se está retrasando muchísimo". Y menos mal, agrega, que "al haber obras, los coches aminoran la velocidad".
Aun así, Margarita Etayo, vecina de un bloque pegado a la avenida, explica que "ahora el ruido se nota más que antes, aunque su principal queja se debe a que "ahora nos han dejado una salida peligrosa para los vehículos".
Mientras, el concejal socialista Jorge Espí considera "una barbaridad" que después de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps "haya venido tantas veces a inaugurar y reinaugurar la obra, no previeran la necesidad de estas expropiaciones" y, además el carril-bici prometido sea prácticamente inexistente.

Jorge Espí; “El Tram se suma al billetazo”

El grupo socialista muestra su preocupación porque el billete de tranvía incremente su precio en 5 céntimos, subida que se suma a la de autobús en Enero

El concejal socialista Jorge Espí denuncia la intención de Ferrocarrils de la Generalitat de ”sumarse al billetazo”. Explica Espí que “el usuario del transporte público ya comenzaba el año con una subida de 5 céntimos en el billete del autobús en Alicante, incremento que entrará en vigor en Enero de 2009. Y ahora conocemos que el Tram también está planteando incrementar en 5 céntimos el billete sencillo y el bono 25 céntimos”. Espí considera que “ésta no es manera de promover el uso del transporte público, sobre todo en este momento de graves dificultades económicas para las familias alicantinas”.

Recuerda el concejal que “en su día desde el grupo socialista pedimos al ex-alcalde que no subiese las tarifas del autobús, y ahora pedimos a la alcaldesa que medie ante Camps para evitar esta subida en el tranvía”.

También saca a colación Espí “el informe de Consumidores en Acción asociación que realizó, como conocimos en Octubre, un estudio comparativo sobre las tarifas de los autobuses urbanos de treinta ciudades españolas que reveló diferencias que alcanzan hasta el 165%. Alicante, Ciudad Real y Sevilla son las ciudades que más han subido sus tarifas en 2008”. El concejal socialista Jorge Espí recuerda que “la subida supuso un incremento de 10 céntimos durante este año, pero en un mes y pico subirá 5 céntimos más, situándonos como la ciudad más cara en transporte urbano. Para el 2010 el billete sencillo alcanzará el precio de un euro veinte céntimos, y hay que tener en cuenta que en el 2004 costaba 0,85 céntimos. Una subida que no se entiende cuando precisamente ha bajado el precio de la gasolina. Basta ya de este afán recaudatorio que al final tenemos que pagar todos y que se extiende ahora al tranvía”.

“El caso de Alicante es más gravoso al subir durante este y los próximos 2 años por encima del IPC el autobús, hecho que en momentos de crisis no es lo más adecuado para los alicantinos, y más cuando son los más desfavorecidos los que tienen que hacer frente al nuevo billetazo de Camps”, termina Espí.

EL GRUPO SOCIALISTA PIDE MEDIDAS REALMENTE EFECTIVAS PARA REVITALIZAR EL CENTRO

· Espí lamenta que el retén de policía local haya quedado en una mera unidad administrativa, según denuncian los vecinos

“Desde el grupo socialista exigimos que el Plan integral del centro no se quede en papel mojado, y que tras todas estas operaciones de cirugía estética que ha puesto en marcha el equipo de gobierno del Partido Popular se encierre algo más y realmente se revitalice el centro”, señala el concejal socialista Jorge Espí, y continúa; “medidas como el tan esperado retén de policía han sido desaprovechadas. Según afirman los vecinos el retén ha quedado en una mera unidad administrativa y no es efectivo a la hora de dar más seguridad a la zona. Desde el grupo socialista, por tanto, exigimos que ante las desilusión de los ciudadanos, se ubique una patrulla permanente en el retén que haga de elemento disuasorio contra los robos y la prostitución en el centro. Es triste que después de los retrasos y la larga espera que tuvieron que sufrir los vecinos de la zona, ya que en varias ocasiones quedó desierto el concurso para dotar al centro del retén, esta deseada dotación haya quedado en una mera unidad administrativa”.

Añade Espí “no basta con que ahora la alcaldesa se rasgue las vestiduras improvisando planes contra los ruidos y se centre en cuestiones estéticas cuando durante años estaba sorda ante las quejas vecinales. Para revitalizar el centro hace falta medidas de más calado y la instalación de dotaciones deportivas y culturales además de más seguridad en el centro”.

“Por otro lado, el grupo socialista pedirá información a la Concejalía de Seguridad ante los graves problemas de accesos que encontraron los bomberos la pasada semana, durante un simulacro de incendio realizado en el Archivo Municipal, edificio que alberga documentación histórica e irrecuperable. Los sindicatos denunciaron lo difícil que les resultó acceder al edificio del Archivo Municipal y aseguraron que lo mismo les sucedió cuando desarrollaron en simulacro en el Centro 14 y así lo plasmaron en sus informes. A pesar de todo ningún responsable municipal ha tomado cartas en el asunto, por lo que exigiremos al Concejal medidas al respecto para evitar una desgracia mayor”, termina Espí

El PSOE culpa al Consell de falta de implicación en el soterramiento

El grupo municipal del PSOE denunció ayer "la falta de implicación" de la Generalitat en las obras del soterramiento del ferrocarril, ya que "hasta el momento tan sólo ha invertido seis millones de los 50 millones de euros que tiene firmados en el convenio inicial". Los socialistas consideran "ridícula" la partida de 100.000 euros de los presupuestos de la Generalitat de 2009 para este proyecto. "Cuando acabe 2009, faltarán por aportar 44 millones de euros, cantidad que no cubre ni la mitad de lo que tendría que dar". Así lo indicó ayer el grupo socialista, a través de un comunicado, después de que su portavoz Roque Moreno se reuniera con el secretario de Medio Ambiente con competencias en Infraestructuras, José Luis Ábalos, el director general de Avant, Miguel Garulo, y el delegado de Adif en la Comunidad, José Domínguez.

Los colectivos contrarios a los silos presentan el primer contencioso

La Plataforma en Defensa del Puerto ha iniciado una colecta entre sus vecinos y las comunidades de propietarios para afrontar el pago de los recursos judiciales que pretenden presentar contra las instalaciones industriales en la zona de ampliación del Puerto. El portavoz de la entidad, Eliseo Martínez, explicó ayer que son cinco los recursos contencioso administrativo planteados contra la ubicación de silos de cemento frente al barrio de San Gabriel. Uno de ellos ya lo ha interpuesto Esquerra Unida (EU) y el próximo anuncian que lo hará el grupo municipal socialista. El dinero para costearlos «saldrán de los bolsillos de los vecinos; igual que hicimos con Biodiésel», expone Martínez. El abogado que los presentará será el ex concejal de EU, José Luis Romero, que, según explica el portavoz de la Plataforma, está «sensibilizado» con esta causa «y nos hará un precio especial», señala. Presentar un recurso supone, según apunta el portavoz de la Plataforma, unos 5.000 euros y confía que les resulte más económico con el apoyo de Romero. Los interpondrán a medida que las empresas cuenten con la licencia de obra, cosa que por el momento ha obtenido una (Cimsa), aunque el concejal responsable de licencias, Andrés Llorens, firmaba hace dos semanas otras tres a las que les faltaba entonces para ser efectivas la firma del secretario municipal. Ayer la Plataforma anunció las acciones legales acompañada por representantes de las asociaciones de vecinos de San Gabriel, de Gran Vía Sur Puerto, así como del grupo municipal socialista y de la formación local de EU.La edil socialista Aurora Gómez alertó de que alguna empresa no ha reducido la altura de sus silos, a pesar de que el anterior alcalde «se comprometió a reducirla». Y todos los grupos coincidían en solicitar que la industria portuaria prevista se desvíe a la Plataforma Logística que no afectaría a los vecinos ni sería una barrera visual. «Los 18 megasilos hipotecan la costa y el litoral, la identidad como zona turística y no sabemos los efectos que tiene en la salud. Por eso solicitamos un estudio de impacto integral», advertía la concejal.El portavoz de la formación local de EU, Miguel Ángel Pavón, explicó que el recurso presentado contra la licencia concedida a Cimsa se sustenta en que el edicto de información pública «no se publicó en ningún boletín oficial, sólo estuvo en un tablón y la ausencia de una evaluación de impacto ambiental». La Plataforma teme que de ejecutarse a su vez la ampliación del Puerto prevista, 1.600 metros entre el Barranco de las Ovejas y Agua Amarga, «destrozará el litoral sur, hará desaparecer la playa de San Gabriel y el paseo marítimo que tiene previsto el nuevo Plan General», expone Martínez. Y Pavón añadía que corren peligro los fondos marinos protegidos ya que la zona es, además, de especial protección ya que se encuentra el Lugar de Interés Comunitario (LIC) de Tabarca. Los vecinos piden acciones para poner freno a lo que creen será «una muralla de cemento que separará el mar de los barrios del sur de Alicante». Y hacen responsable al presidente de la Autoridad Portuaria, Sergio Campos, «del deterioro de la calidad de vida de los vecinos».

EL PSOE DENUNCIA LA SITUACIÓN DE LA LÍNEA QUE CONECTA LA CIUDAD CON EL AEROPUERTO

La empresa podría estar incurriendo en un fraude. En el recorrido urbano de Alicante está cobrando 10 céntimos más y no sirve el bonobus.

El concejal socialista Jorge Espí denuncia el estado de la línea del autobús C6 que discurre entre el aeropuerto y la ciudad de Alicante. Afirma Espí que “es el autobús que primero coge un turista o viajero que se desplaza a Alicante en avión y se encuentra con un recorrido que, en algunos casos, le hace tardar más en llegar del aeropuerto a Alicante que en llegar del destino nacional o internacional al aeropuerto. Además, continúa el concejal socialista “los vehículos que se utilizan para el servicio no son los más modernos. Desde el Grupo Socialista entendemos que el primer impacto que tiene el turista, el primer servicio público que encuentra debe ser el más moderno y el más preparado”. Así mismo genera problemas para habilitar equipajes y el propio acceso a discapacitados físicos, dándose el caso de que las maletas, en caso de accidente, podrían generar graves consecuencias.

El recorrido que realiza este autobús solapa en gran parte el realizado por las líneas subvencionadas e integradas dentro del sistema TAM, ya que entra por todo el centro de Alicante hasta Torrellano. En este caso, se cobra una tarifa de 1’20 euros sin poder utilizar las tarjetas de descuento habituales, como bonobuses, las tarjetas de mayores o el mismo pago de billete sencillo de 1’10 euros. Los ingresos de esta línea son para la empresa explotadora que es la misma que recibe subvención del Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana y el Estado.

Desde el Grupo Socialista creemos que se debería volver a poner un segundo coche en la línea 27 (Urbanova) manteniendo la frecuencia de 40 minutos, como tiene la C6, al efecto de dar mayor servicio a los vecinos de Urbanova y a los usuarios que cogen la C6 para quedarse dentro del ámbito del transporte del ámbito metropolitano. La frecuencia del transporte entre el aeropuerto y la ciudad de Alicante no debería exceder de los 15 ó 20 minutos como mucho.

Los ingresos de la línea C6 no son para las arcas municipales que subvencionan el transporte público y sí en cambio pasan a engrosar las arcas de la empresa explotadora. Entendemos que podrían estar incurriendo en un fraude con el Ayuntamiento. Afirma Espí que “son muchas las quejas de los usuarios que se quejan del servicio señalado, denunciando ante el Grupo Municipal Socialista los hechos habitualmente”.